¿Por qué el caso Alex Saab obliga a revisar toda la cadena de suministro?
Durante casi una década, un programa creado para llevar alimentos y medicinas a la población venezolana funcionó, en paralelo, como la fachada de un esquema de sobornos y lavado de activos. Esa es la conclusión que dejó la declaración de culpabilidad de Alex Nain Saab Morán ante un tribunal federal de Miami.
Saab, de 54 años, originario de Caracas y anteriormente residente en Barranquilla, fue ministro de Industria durante el régimen de Nicolás Maduro. Se declaró culpable de conspirar para lavar el producto de una trama de sobornos y fraude ejecutada entre Venezuela y Estados Unidos, tras casi una década de operación. Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión; la sentencia aún no tiene fecha.
Hay algo en lo que vale la pena detenerse a pensar y es que, cuando el vehículo del fraude es precisamente un programa social, creado para llevar alimentos y medicinas a quienes las necesitan, las víctimas no son sólo las instituciones o el Estado. Son las personas que esperaban recibir ese apoyo y nunca lo recibieron, porque los recursos que debían llegar a ellas terminaron financiando empresas fantasma y patrimonios personales. Este tipo de programas que nacen para proteger a población vulnerable, deberían tener una vigilancia mucho más rigurosa, precisamente porque entre más sensible el fin, más costoso resulta que falle el control.
Un contrato público como punto de entrada:
El vehículo fue el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), la iniciativa estatal venezolana de asistencia social para alimentos y medicinas. Según lo que se conoció del caso, así fue cómo operó el esquema:
Un sistema de sobornos a funcionarios públicos permitió que entidades controladas en secreto por los conspiradores resultaran favorecidas con contratos de importación bajo el amparo del programa.
Los contratos nunca se ejecutaron en su totalidad.
Empresas ficticias, facturas falsas y registros de envío falsos sirvieron para desviar cientos de millones de dólares y ocultar la participación de los conspiradores.
Ese dinero terminó moviéndose por empresas fantasma en distintos países, incluido Estados Unidos.
Lo que deberían estudiar de este caso las áreas de cumplimiento es que los instrumentos que hicieron posible el desvío no fueron mecanismos financieros sofisticados, sino documentos operativos del día a día de cualquier empresa, una factura, un registro de embarque, un contrato de importación. Documentos que normalmente se revisan como trámite administrativo terminaron siendo la herramienta que le dio apariencia de legalidad a un desvío millonario.
Lo que refleja este caso es que los controles de LA/FT suelen concentrarse en el momento del pago o en la vinculación de la contraparte, pero según esto, el riesgo está distribuido a lo largo de toda la cadena de suministro: en quién adjudica, en quién importa, en quién factura, en quién certifica que la mercancía efectivamente llegó. A partir de ello podemos ver que cualquiera de esos eslabones, mal controlado, puede convertirse en el punto por donde entra el dinero ilícito o por donde se justifica su salida.
PEP: por qué la debida diligencia reforzada no es un trámite
Hay otro elemento que este caso pone sobre la mesa con claridad: Saab era una persona expuesta políticamente. Ministro de Industria, con acceso directo a la adjudicación de contratos estatales y a relaciones con funcionarios públicos. Exactamente el perfil que las normas de prevención, SAGRILAFT, SARLAFT y los estándares del GAFI obligan a someter a debida diligencia intensificada.
En la práctica, la verificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) no puede seguirse tratando como una lista de chequeo: consultar el nombre, no encontrar coincidencia, archivar el formulario y dejar avanzar la relación comercial. El riesgo de una PEP no está únicamente en su nombre, sino en la red que puede articular a su alrededor: entidades controladas de forma secreta, empresas fantasma en otras jurisdicciones, intermediarios que aparecen como beneficiarios finales sin serlo realmente. Identificar eso exige ir más allá de la consulta en listas restrictivas y revisar estructuras de propiedad, capacidad operativa real y coherencia entre lo que una empresa dice hacer y lo que efectivamente ejecuta.
El mensaje de fondo:
Más allá del proceso judicial en Miami, las autoridades estadounidenses fueron enfáticas en algo: este tipo de estructuras seguirá siendo perseguida activamente, y quienes se benefician de redes financieras ilícitas seguirán bajo la lupa. El caso fue investigado por la DEA y el FBI en Miami, con apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia.
Lo que deja este caso para el sector privado:
Este es otro caso que deja en evidencia algo que conviene repetir: desde cualquier sector y desde cualquier posición se puede terminar vinculado a una operación ilícita, incluso sin proponérselo. Un proveedor que factura sin entregar, un intermediario que aparece en el papel pero no opera, una contraparte con estructura de propiedad opaca. Ninguna de esas señales pertenece a un solo sector en particular.
Para las empresas colombianas, la traducción práctica es directa. La debida diligencia a personas expuestas políticamente no puede reducirse a un requisito que se cumple para pasar una auditoría. Para el control de la cadena de suministro, verificar la existencia de un proveedor no es lo mismo que verificar que su actividad declarada corresponda con lo que realmente ejecuta y con los recursos que mueve.
En RISKS INTERNATIONAL insistimos en que la prevención efectiva empieza antes de la firma del contrato: conocer a fondo a la contraparte, entender su estructura real de propiedad, identificar al beneficiario final y aplicar debida diligencia intensificada cuando el perfil lo exige. Casos como el de Saab confirman que cuando esos controles fallan o se aplican como formalidad, el costo no lo asume sólo la empresa involucrada: en este caso, lo asumieron quienes debían recibir los alimentos y las medicinas que nunca llegaron.
¿Su empresa aplica debida diligencia real a las personas expuestas políticamente y a las empresas con las que hace negocios, o se queda en el formulario? En RISKS INTERNATIONAL le ayudamos a fortalecer ese proceso.
Contáctenos: https://risksint.com
Por: Luisa Caicedo