Lecciones de Compliance sobre tipologías y USDT:
Aunque los criminales muchas veces van un paso adelante, las autoridades siempre terminan por encontrar el rastro. Así lo demostró la Fiscalía General de la Nación al desarticular una estructura que, durante más de ocho años, habría utilizado empresas de fachada para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del narcotráfico. Según las autoridades, el modus operandi era el mismo en cada etapa: los recursos ingresaban al sistema financiero o se movilizaban a través de activos virtuales, luego se convertían en efectivo y, finalmente, se invertían en propiedades y vehículos de alta gama. Para mover ese dinero sin dejar huella, la organización también recurrió al uso de billeteras digitales que permitían el ingreso, ocultamiento y conversión de grandes sumas.
Entre 2018 y 2026, la organización habría lavado más de 2,3 billones de pesos, con operativos en Medellín, Envigado y Barranquilla que dejaron cinco personas capturadas y un proceso paralelo de extinción de dominio sobre inmuebles, vehículos y las propias sociedades investigadas. Hasta ahí, los hechos ya están contados por varios medios. Lo que vale la pena revisar es la tipología detrás del caso: cómo se estructuró exactamente este esquema y qué deberían aprender de él las áreas de cumplimiento.
Detrás de ese entramado había nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio que, en el papel, se dedicaban a actividades tan diversas como la ingeniería civil, la consultoría, los servicios administrativos, la reparación de maquinaria, la intermediación cambiaria y los servicios financieros. Este no es un detalle menor, pues demuestra que prácticamente cualquier sector puede estar expuesto a ser usado como fachada para el lavado de activos, y que las autoridades y también las empresas del sector privado, deben seguir vigilando con lupa a sus contrapartes, sin importar qué tan formal o legítima parezca su actividad económica en el papel.
Tipología del caso: las tres fases del esquema de $2,3 billones
Todo esquema de lavado de activos sigue, en esencia, la misma lógica: colocar el dinero ilícito en el sistema, estratificarlo para diluir su rastro e integrarlo de nuevo a la economía como si fuera legítimo. Así funcionó en este caso:
Para la colocación, el dinero entró de dos formas: por canales financieros tradicionales, cuentas bancarias y giros y activos virtuales. Para la estratificación, la organización usó transferencias en USDT, una criptomoneda estable atada al dólar, hacia empresas que ya estaban sancionadas por la Ofac, lo que ayudó a diluir el rastro del dinero y a conectar la estructura colombiana con redes internacionales. Y para la integración, el dinero terminó, como casi siempre, en algo tangible: propiedades y vehículos de alta gama.
Lo que este caso confirma es que la vigilancia financiera tradicional debe tener más apoyo y actualizarse, ahora que el dinero ya no solo pasa por bancos, giros y declaraciones tributarias, que antes era lo que hacía fácil seguirle la pista ya que prácticamente todo pasaba por ahí en algún momento.
Los criminales han adaptado sus métodos a los activos virtuales, y eso exige que los sistemas de prevención de LA/FT se alineen y se actualicen para poder seguir el rastro del dinero en su totalidad.
“Este caso evidencia los severos riesgos de tipología financiera a los que se enfrenta el sector en Colombia. Aunque en el país aún no existe una ley marco integral que regule de forma definitiva a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), el sector sí cuenta con obligaciones normativas vigentes, destacando la Resolución 314 de 2021 de la UIAF que exige el reporte de operaciones sospechosas (ROS) y transacciones individuales/múltiples, así como los lineamientos del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, previstos por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa 100-000020 de 2026. Frente a esquemas sofisticados de tipificación ilícita como el evidenciado en esta investigación, la mera adopción formal de políticas resulta insuficiente si no va acompañada de sistemas robustos de trazabilidad, análisis de origen de fondos y monitoreo continuo de contrapartes. Implementar matrices de riesgo dinámicas y debidas diligencias reforzadas deja de ser un requisito declarativo para convertirse en el único escudo operativo capaz de blindar la integridad del ecosistema digital”. Comenta Estefany Rua
Dispersión sectorial: la estrategia de las nueve sociedades fachada
La dispersión sectorial de las nueve sociedades y los cuatro establecimientos de comercio involucrados merece especial atención. No se trata de una red de empresas de un mismo sector, fácil de rastrear por su lógica de negocio; ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros son sectores que, en principio, no tendrían por qué compartir cadena de valor, proveedores ni clientes naturales entre sí.
Siguiendo esa lógica, se puede ver que la dispersión no es casual: es una estrategia. Entre más diversos los sectores, más difícil resulta detectar un patrón, porque cada sociedad, vista de forma aislada, parece una empresa más, con una actividad económica registrada y aparentemente coherente. La señal de alerta real no está en el sector al que pertenece una contraparte, sino en si su actividad declarada corresponde con lo que efectivamente mueve financieramente.
Al respecto Estefany Rua, Oficial de Cumplimiento plantea: Este caso confirma algo que vemos con frecuencia en el ejercicio de debida diligencia: los criminales ya no concentran sus estructuras en un solo sector, precisamente porque saben que eso las haría más fáciles de detectar. “Es por esto, que utilizan diversos sectores y a través de distintas transacciones y modalidades para que se dificulte el rastreo de la operación.
Por lo anterior las empresas que participan en las operaciones con activos virtuales, como plataformas de pago, no deben de dejar de hacer procesos de debida diligencia así como incluir declaración de origen de fondos en el proceso, con la finalidad de robustecer el procedimiento de conocimiento de la contraparte.
La tarea de los Oficiales de Cumplimiento hoy es justamente esa: mirar más allá de lo evidente y considerar todas las formas posibles en que los criminales pueden estructurar una red. No basta con verificar un solo aspecto de una contraparte, el sector, los documentos básicos o el RUT. Hay que mirar el conjunto”. Afirma Rua.
Señales de alerta para prevenir la vinculación con empresas fachada:
Para cualquier empresa que evalúe iniciar una relación comercial, un proveedor, un cliente, un socio, este caso deja señales concretas que vale la pena tener presentes:
Incongruencia operativa: Una empresa cuya facturación o movimiento de capital no guarda proporción con su infraestructura real (personal, oficinas, activos operativos).
Incoherencia transaccional: Actividades económicas registradas que no coinciden con los movimientos financieros reales de la compañía.
Flujos hacia jurisdicciones de alto riesgo: Transferencias internacionales frecuentes hacia o desde jurisdicciones o contrapartes sin una relación comercial claramente justificada.
Uso intensivo de criptoactivos o billeteras digitales para mover grandes sumas, sin soporte documental que explique su origen.
Monetización e integración acelerada: Conversión rápida de recursos financieros en bienes físicos de alto valor, inmuebles o vehículos poco después de recibirlos.
La lección para la debida diligencia en todos los sectores:
Casos como este confirman por qué la debida diligencia no puede limitarse a un formulario que se llena una sola vez y se archiva. Cualquier empresa, sin saberlo, puede terminar vinculada comercialmente con una sociedad que, en apariencia, funciona con normalidad, tiene una actividad económica registrada, factura, contrata, pero que, por debajo, opera como fachada para canalizar recursos de origen ilícito.
En RISKS INTERNATIONAL insistimos en que conocer a fondo al cliente y al proveedor, su verdadera capacidad operativa, el origen de sus recursos y la coherencia entre lo que factura y lo que mueve financieramente, sigue siendo la primera línea de defensa frente a este tipo de estructuras. Entre más sofisticados se vuelven los mecanismos del crimen organizado, más necesario es que el sector privado refuerce sus procesos de debida diligencia antes de formalizar cualquier relación comercial.
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Por: Luisa Caicedo
Fuentes: