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Dos frentes a la vez: la integridad en la contratación de prestadores y los datos sensibles de cada afiliado.
El sector salud gestiona recursos públicos y parafiscales a través de una red de prestadores que se contrata, se audita y se paga en volumen. Ese flujo concentra el riesgo de integridad del sector: red fantasma, facturación por servicios no prestados, y vínculos no declarados entre quien contrata y quien recibe el contrato.
Al mismo tiempo, una IPS o una EPS trata datos de salud, que la Ley 1581 clasifica como **sensibles** y somete a un régimen reforzado: autorización explícita, finalidad específica y prohibición de condicionar la atención a que el titular los entregue. El incumplimiento aquí no es teórico, y la Superintendencia de Industria y Comercio lo sanciona.
El tercer frente es el personal. Cargos con acceso a medicamentos de control, a facturación o a historias clínicas, en un sector con rotación alta y verificación mínima.
Supervisor competente
Superintendencia Nacional de Salud
Las obligaciones concretas de este sector, con el numeral que las impone.
Ley 1581 de 2012, art. 5 y 6; Decreto 1377 de 2013
Autorización explícita por finalidad, con advertencia de que no está obligado a autorizar datos sensibles, y prueba conservada.
CBJ Supersociedades, Capítulo X, numeral 5.5
Cuando la entidad es sujeto obligado, la red contratada entra completa en el alcance.
Capítulo XIII CBJ Supersociedades; Ley 2195 de 2022
Con canal de denuncias accesible a terceros y protección efectiva al denunciante.
Con autorización de tratamiento y finalidad definida
Validación de títulos, tarjetas profesionales y antecedentes antes de la vinculación.
No una lista genérica: lo que de verdad ocurre en este sector.
Contratar a un prestador inexistente o inhabilitado es el fraude clásico del sector, y se detecta en la verificación previa, no en la auditoría de cuentas.
Son datos sensibles. Una autorización genérica no habilita su tratamiento, y la carga de la prueba es de la entidad.
Vínculos entre quien contrata y quien recibe el contrato. El canal de denuncias es el control que más los saca a la luz.
Para cada servicio, la situación tal como se vive aquí y lo que cambia después.
Situación
Hay que validar la red de prestadores y el personal asistencial completo —miles de registros— cada semestre.
Resultado
La corrida se ejecuta en una tarde y el informe llega con las coincidencias a revisar, no con miles de filas.
Situación
Se tratan datos de salud con una autorización genérica que no cumple el régimen de datos sensibles.
Resultado
Procedimiento específico para datos sensibles, autorización rediseñada por finalidad y personal capacitado.
Situación
Cargos con acceso a medicamentos de control y a facturación, con verificación mínima y rotación alta.
Resultado
Validación directa de títulos y experiencia con las instituciones, antes de contratar.
Situación
El buzón interno no recibe denuncias en una entidad de más de mil personas.
Resultado
Canal externo con anonimato real: los primeros casos llegan en el primer trimestre.
Situación
Facturación por servicios cuya prestación no puede acreditarse.
Resultado
Investigación con evidencia preservada, cuantificación del daño y soporte para la acción legal.
Cuestionarios gratuitos construidos sobre los numerales de cada norma. El resultado es suyo, sin compromiso.
Evalúe si su sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT/FPADM cumple lo que exige la Superintendencia de Sociedades.
Evalúe su Programa de Transparencia y Ética Empresarial frente a lo que exige la Superintendencia de Sociedades en materia de soborno transnacional y corrupción.
Cuéntenos su situación y le respondemos con un alcance concreto: qué le aplica, por dónde empezar y con qué esfuerzo de su equipo. Sin compromiso.
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