El Gobierno presentará un Estatuto Antiterrorista: ¿Cómo impactará las listas restrictivas en Colombia?
Colombia tiene hoy el delito de terrorismo tipificado en su Código Penal (artículo 343 de la Ley 599 de 2000), pero no cuenta con una definición legal clara de qué constituye una "organización terrorista". Ese vacío es el que busca cerrar el proyecto de Estatuto Antiterrorista que el Gobierno presentará próximamente ante el Congreso: una iniciativa que no solo busca endurecer penas, sino crear un sistema de listado oficial de organizaciones y, con él, herramientas específicas para golpear sus rentas ilícitas. Para el sector público, el sector privado y la ciudadanía en general, la pregunta de fondo no es solo qué pasa con los grupos armados, sino qué pasa con el dinero que los sostiene.
¿Qué medidas establece el proyecto de Estatuto Antiterrorista?
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, les confirmó a medios de comunicación que el Gobierno prepara un Estatuto Antiterrorista con el que busca crear una lista nacional de organizaciones terroristas y establecer, a partir de ella, un régimen especial para los grupos que queden incluidos. Según explicó, hoy Colombia tiene tipificado el delito de terrorismo, pero no cuenta con una definición legal de qué es una "organización terrorista" y es justamente ese vacío el que buscaría cerrar el nuevo estatuto.
En la presentación de los lineamientos de su estrategia de seguridad, el presidente Abelardo De la Espriella fue enfático en que todas las organizaciones armadas ilegales recibirán el mismo trato, sin importar su nombre o estructura: "Todos son terroristas y los vamos a tratar como tales", afirmó.
De acuerdo con lo explicado por Lara, una vez una organización quede incluida en la lista, aplicarían normas especiales como:
Un régimen penitenciario especial para los miembros de las organizaciones listadas.
Causales de agravación para ciertos delitos cometidos por o en conexión con estas estructuras.
La creación de nuevos tipos penales, como el de gran minería ilegal o criminal, cuando esté ligada a organizaciones terroristas.
Nuevas herramientas de actuación para el Estado, proporcionales al riesgo que representan este tipo de organizaciones.
Aunque el ministro evitó anticipar qué grupos entrarían formalmente en la lista una vez el estatuto sea aprobado, sí precisó que el Gobierno considera hoy como organizaciones terroristas a las disidencias de las Farc, al Eln y a la Segunda Marquetalia.
¿Cómo beneficia la creación de una lista nacional a los sectores obligados?
Más allá del componente penal, un listado oficial de organizaciones terroristas tendría un efecto práctico directo sobre el trabajo diario de las entidades financieras y demás sujetos obligados: hoy, la construcción de listas restrictivas para efectos de un Sistema de Administración o Autocontrol y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva depende en buena medida de listas internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea) y de fuentes abiertas, sin que exista un listado nacional oficial y centralizado de organizaciones terroristas colombianas. Contar con esa lista permitiría a bancos, aseguradoras y demás sujetos obligados hacer un cruce más preciso y confiable al momento de verificar contrapartes, clientes o beneficiarios finales, reduciendo el margen de interpretación que hoy existe frente a estructuras criminales que operan bajo distintos nombres o alias.
Los conocidos SARLAFT, Sistema de Administración o Autocontrol y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con este proyecto cuentan con una oportunidad de fortalecimiento significativo, siempre que su implementación se realice bajo criterios objetivos, transparentes, verificables y respetuosos del debido proceso.
Recomendaciones de prevención para las organizaciones:
Para Estefany Rua, Oficial de Cumplimiento y Directora de Consultoría y Auditoría en Risks International, la anticipación es la mejor estrategia de prevención:
“Aunque todavía debe conocerse el texto definitivo del proyecto y su eventual trámite legislativo, considero conveniente que las organizaciones comiencen a realizar una evaluación de impacto regulatorio preventiva” señala la especialista
Entre las acciones recomendables se encuentran:
Revisar las políticas y procedimientos de LA/FT/FPADM.
Verificar las fuentes utilizadas actualmente para la consulta de antecedentes.
Evaluar la capacidad tecnológica para incorporar nuevas listas oficiales.
Revisar los procedimientos para el manejo de falsos positivos.
Fortalecer los mecanismos de debida diligencia y debida diligencia intensificada.
Revisar las cláusulas contractuales relacionadas con cumplimiento y terminación de relaciones por riesgos LA/FT.
Capacitar a las áreas de cumplimiento, jurídica, compras, comercial y operaciones.
Revisar los protocolos internos de escalamiento y toma de decisiones.
Preparar escenarios para el eventual congelamiento o restricción de operaciones cuando jurídicamente corresponda.
Mantener una vigilancia permanente sobre el trámite legislativo y la reglamentación que eventualmente se expida.
Una herramienta necesaria:
La creación de un estatuto antiterrorista le daría un alivio real al sector público y privado. Los criminales que durante años han mantenido en zozobra a comunidades enteras a través de la extorsión, el reclutamiento o el control territorial, empezarían a enfrentar un marco legal que los trata con la severidad que su nivel de daño representa, y no solo bajo las mismas reglas generales que cualquier otro delito.
Las acciones que proponga el Gobierno para erradicar toda forma de violencia, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva deben ser consideradas y puestas en marcha. No podemos seguir dejando vacíos legales que terminan siendo la puerta de entrada para que los criminales sigan operando con impunidad.
Desde RISKS INTERNATIONAL, empresa con 15 años de trayectoria en la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, y con presencia en más de 11 países de la región, nos mantenemos firmes en nuestro propósito de acompañar a las organizaciones que día a día trabajan por cumplir la normatividad y proteger la economía legal. Que el Gobierno esté impulsando iniciativas como esta es un alivio y una ayuda significativa para quienes, desde el sector privado, llevamos años luchando contra el uso de nuestras instituciones y nuestro sistema financiero para fines criminales.
Hay que sumar fuerzas, porque unidos somos más grandes y fuertes. La criminalidad puede que hoy lleve un paso adelante, pero con herramientas como esta, el Estado, las empresas y la ciudadanía tenemos con qué recortarle esa distancia.
¿Está su infraestructura tecnológica preparada para integrar nuevas listas restrictivas nacionales? Solicite una consultoría con nuestro equipo experto o evalúe el nivel de madurez de su sistema con nuestro diagnóstico de cumplimiento normativo.
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Por: Luisa Caicedo
Fuente:
https://www.compliance.com.co/risks-international-colombia-escudo-de-las-americas-operativos-eeuu/