Denuncias de corrupción en la Fiscalía y su impacto en los sistemas LA/FT/FPADM:
La extinción de dominio nace con un fin claro: desarticular el poder económico de las organizaciones criminales y poner en orden la propiedad en el mercado. Golpear las finanzas del crimen organizado, proteger la economía legal y retribuir a la sociedad son algunos de los pilares sobre los que se construyó este mecanismo en Colombia. Pero ¿Qué pasa cuando ese mismo mecanismo deja de cumplir su propósito? Los bienes que quedan en cabeza del Estado tras un proceso de extinción de dominio están destinados, por ley, a fortalecer la justicia, financiar inversión social y reforzar la lucha contra el crimen organizado. Cuando ese ciclo se rompe, la pregunta que queda es: ¿Dónde terminan realmente esas propiedades, y quién se queda con ellas?
Es justamente lo que plantea una denuncia pública que reportó el medio de comunicación Semana: exnarcos que hoy son testigos protegidos en Estados Unidos aseguran tener pruebas de lo que ellos mismos bautizaron como un "cartel de la toga" en los procesos de extinción de dominio en Colombia, un entramado que, según sus señalamientos involucraría a fiscales, jueces y magistrados de tribunales. Las denuncias, según el medio, ya fueron radicadas ante la propia Fiscalía.
¿De qué se trata la denuncia sobre el "cartel de la toga" en extinción de dominio?
El caso central de esta denuncia es el de Juan Fernando Álvarez Meyendorff, quien se entregó a las autoridades estadounidenses hace más de una década y, desde entonces, ha sido sujeto de un proceso de extinción de dominio en Colombia que, según él mismo, sigue sin resolverse trece años después. Meyendorff asegura que buena parte de los bienes que entregó a la Fiscalía nunca fueron sometidos formalmente a extinción, sino que habrían quedado en poder de terceros, y que fue víctima de exigencias de dinero por parte de un fiscal.
Meyendorff le dijo a Semana que está declarando ante la justicia estadounidense en contra del expresidente Gustavo Petro, por la presunta entrega de dinero a través de una persona cercana a él, así como sobre presuntos aportes de otros narcotraficantes. "Voy a evidenciar una nueva generación del cartel de la toga", afirmó Meyendorff, señalando que ese entramado incluiría, según él, a funcionarios de la Fiscalía y magistrados de tribunales de extinción de dominio. Se trata, en todo caso, de una acusación que está por comprobarse, y que corresponde a las autoridades judiciales de ambos países verificar.
¿Por qué la integridad del sistema es clave para la prevención de LA/FT/FPADM?
En Colombia, este mecanismo lleva más de una década funcionando bajo la Ley 1708 de 2014, el Código de Extinción de Dominio. La norma parte de una idea sencilla: nadie puede quedarse con un bien que compró o construyó con plata de origen ilícito, sin importar quién lo tenga hoy en su poder o cómo haya llegado a sus manos. Por eso, en la práctica, es una de las herramientas más contundentes que tiene el Estado colombiano para golpear el patrimonio del crimen organizado, incluidas las estructuras que se dedican al Lavado de Activos la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPAMD).
La misma ley también dice qué debe pasar con esos bienes una vez extinguidos: pasan a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y se canalizan a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), para financiar justicia, inversión social, política de drogas, desarrollo rural y atención a víctimas. Es decir, la ley no sólo ordena quitarle el bien al criminal; también dice qué hacer con él después, para que esa recuperación termine beneficiando a la sociedad y no se quede en el camino.
Por eso, una denuncia como esta, más allá de si se confirma o no en cada uno de sus señalamientos, pone el foco en un punto sensible para cualquier sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: de nada sirve tener un marco legal robusto para extinguir el dominio de bienes de origen ilícito si el propio sistema que administra ese proceso puede volverse, según lo denunciado, un punto de fuga. Cuando los bienes incautados no llegan a su destino legal, no sólo se incumple la ley: se pierde una de las herramientas más importantes que tiene el país para desincentivar el Lavado de Activos, al enviar el mensaje de que el patrimonio ilícito, "con los contactos correctos", puede terminar protegido en lugar de recuperado.
¿Cómo afecta este escenario a la debida diligencia empresarial?
Este tipo de casos no debería leerse sólo como un problema institucional; también tiene un efecto muy concreto sobre cualquier empresa o persona que haga negocios con bienes que, sin saberlo, puedan estar en el radar de un proceso de extinción de dominio. Si una empresa compra un inmueble, recibe un pago o firma un contrato de arrendamiento sobre un bien que termina involucrado en un proceso de extinción de dominio, puede perder la inversión o el activo si no logra demostrar que actuó con debida diligencia reforzada y buena fe exenta de culpa desde el momento mismo en que conoció a su cliente o proveedor.
Proteja sus activos e inversiones frente a riesgos patrimoniales:
En RISKS INTERNATIONAL creemos que la solidez de cualquier sistema de prevención de LA/FT no depende únicamente de las normas que existen sobre el papel, sino de la integridad de quienes las aplican. Denuncias como esta, independientemente de cómo se resuelvan judicialmente, deben tomarse en serio, porque la confianza en mecanismos como la extinción de dominio es también un activo que hay que proteger. La anticipación y la verificación documental objetiva son las mejores herramientas para evitar que el patrimonio legal sea salpicado por procesos de extinción de dominio.
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Por: Luisa Caicedo
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